Derecho Penal

Un delito de estafa consiste en engañar a otro con ánimo de lucro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. La estafa es un delito que consiste en provocar engaño a otra persona, a la que se causa, con ánimo de lucro, un perjuicio patrimonial.

El delito de apropiación indebida se comete cuando una persona se adueña de una cosa que le ha sido confiada pese a tener la obligación de devolverla, causando un perjuicio patrimonial a su legítimo propietario.

El delito de daños consiste en que una persona provoca una destrucción o un menoscabo en una cosa ajena (mueble o inmueble) que disminuye su valor patrimonial económico.

Mediante el castigo de este delito se busca proteger el derecho de propiedad (ya sea pública o privada). En este delito se excluyen los daños de tipo moral.

El delito de insolvencia punible es aquel que se produce cuando, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, se oculten o se realicen actos que perjudiquen los intereses de acreedores.

El delito de alzamiento de bienes es aquella conducta donde el deudor, una vez contraída una o varias deudas, con la finalidad de impedir que sus acreedores puedan cobrar las mismas, oculta o hace desaparecer de su titularidad dominical (propiedad) todos o parte de sus bienes.

Un delito contra la propiedad intelectual consiste en reproducir, plagiar, distribuir o comunicar públicamente una obra sin la autorización del titular del derecho de propiedad intelectual con el objetivo de perjudicar a una persona.

Los delitos contra la propiedad industrial castigan a quienes, con fines comerciales o industriales y sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad, además de tener conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos.

Constituyen estos delitos aquellas conductas que agreden la protección que el ordenamiento jurídico otorga al mercado, la libre competencia y los consumidores, y que por su gravedad no cabe circunscribir al ámbito de la sanción administrativa.

Los Delitos Societarios se encuentran regulados en los artículos 290 a 297 del Código penal. Bajo esta denominación el legislador pretende que se proteja la adecuada administración de las sociedades.

En concreto, bajo el concepto de delitos societarios se regulan diversas conductas que constituyen las distintas modalidades de estos delitos:

• Falseamiento de cuentas
• La imposición de acuerdos abusivos
• Negar o impedir derechos societarios
• Negar o impedir la inspección o supervisión
• Administración desleal o fraudulenta

Los delitos contra los trabajadores, o contra el derecho de los trabajadores, se refieren a la utilización de éstos en condiciones ilegales, o utilizados por las mafias para el desarrollo de sus propios fines o en redes de inmigración clandestina.

Algunos de estos tipos penales más habituales son:

• Imposición de condiciones ilegales en el trabajo
• Delito de tráfico ilegal de mano de obra
• Delito de favorecimiento de la migración ilegal
• Discriminación laboral
• Delitos relativos a la libertad sindical y el derecho de huelga
• Delitos relativos a las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo

Los delitos contra la seguridad vial son un tipo de conducta ilícita que pone en peligro la seguridad pública. El Código Penal castiga esta acción porque de no respetar las normas de seguridad vial, no solo se puede poner en tela de juicio la vida del actor, sino también la de la de todos aquellos que le rodean.

En el artículo 379 del Código Penal se recogen dos tipos de conductas como delitos contra la Seguridad Vial:

1. 1Conducir un vehículo superando la velocidad máxima permitida en 60 km/h en vías urbanas o en 80 km/h en vías interurbanas.
2. 2Conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol o las drogas, rebasando el límite legal permitido. En el caso del alcohol, el límite a partir del cual se considera que el infractor está cometiendo un delito de alcoholemia es de 0,60 mg/l en aire espirado, o una tasa de 1,2 gramos por litro en sangre.

El delito de falsedad documental consiste en alterar, modificar o falsificar ciertos elementos esenciales de un documento. Es decir, el culpable puede convertir el documento en falso adulterando uno de sus componentes o crear un documento nuevo a partir del falso. Ambos supuestos son falsedades documentales.

Los delitos de falsedad documental se dividen en cuatro secciones:

Asimismo, la pena se impondrá en su mitad superior cuando esta falsificación afecte a un grupo de personas o cuando se cometa por una organización criminal que se dedique a este tipo de actividades.

El delito de quebrantamiento de condena es un hecho punible que atenta contra la función jurisdiccional de hacer cumplir lo juzgado en el ámbito penal. El quebrantamiento de condena incluye el incumplimiento de las penas de prisión, las medidas de seguridad y las medidas cautelares impuestas por los tribunales penales.

Se trata de delitos dolosos que exigen la comisión de una acción prohibida de manera voluntaria y consciente.

El delito de atentado contra la autoridad es la agresión o la grave oposición de resistencia (con intimidación grave o violencia) a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones. Se regula en los artículos 550 a 556 del Código Penal, dentro del Capítulo II, titulado «De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia». El objetivo es proteger la dignidad de los poderes públicos y su buen funcionamiento.

El delito de atentado contra la autoridad cuenta con un tipo agravado regulado en el artículo 551. Se impondrán las penas superiores en grado cuando el atentado concurra con alguna de estas circunstancias:

• Agresión con uso de armas u otros objetos peligrosos.
• Cuando el acto de violencia ejecutado sea potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves.
• Acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público haciendo uso de un vehículo de motor.
• Cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario.

Entre los servicios que prestamos, está la defensa legal en caso de delitos de robo o hurto. Hablamos de dos formas de proceder que, si bien tienen una base común (la sustracción de una cosa) se muestran como dos delitos distintos en el Código Penal. La primordial distinción entre las dos figuras es que en el robo se proporciona crueldad o intimidación, mientras que en el hurto no.

Es primordial que esta clase de casos los tramite un letrado penalista especialista en esta área. Además, al tratarse de delitos que tienen la posibilidad de acarrear una pena elevada, es sumamente importante contar con la mejor defensa legal posible. Tanto si fue víctima de un robo o hurto como si fue denunciado por esto, no dude en contactar con Notivoli Abogados y estudiaremos su caso de manera personalizada.

En nuestra legislación, las conductas referentes a estas sustancias aparecen reguladas bajo el título de delitos contra la salud pública. El Código Penal también establece penas distintas según se trate de drogas que causen un grave daño a la salud, llamadas normalmente 'drogas duras', o las que no lo causen, que son 'drogas blandas':

• Drogas duras: prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito.
• Drogas blandas: prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo del valor de la droga objeto del delito.

También pueden darse circunstancias agravantes, con lo que aumentarían dichas penas. Por eso, si ha recibido una denuncia por este motivo o tiene alguna duda sobre el tema, recuerde que nuestro equipo de expertos pueden ayudarle. Emplearemos la estrategia procesal o penal más adecuada para reducir la pena lo máximo posible.

Entre los delitos que más gravemente se castigan en nuestra legislación, se encuentran los delitos contra la vida de una persona. Esto incluye, además del homicidio y el asesinato, otras conductas como las lesiones. En este tipo de actos puede estar presente una agravante de género, es decir, cuando la conducta es cometida por parte de un hombre sobre una mujer por el mero hecho de serlo, aunque no exista relación de pareja entre ambas personas. En estos casos, como decimos, la pena sería mayor al incluir una agravante.

Desde la última reforma del Código Penal, que ocurrió en 2015, se han introducido algunos cambios, como son el endurecimiento de algunas penas y la creación de un nuevo tipo de condena: la prisión permanente revisable. Como abogados penalistas, es nuestra labor mantenernos actualizados de todos los cambios que se han producido y prestar una defensa legal de calidad; por ello, si usted o una persona cercana han sufrido alguna de estas conductas no dude en hacérnoslo saber, contactando con nuestro Despacho de Zaragoza.

La violencia doméstica, tipificada en el artículo 173.2 del Código Penal, se entiende como la violencia física o psíquica ejercida de modo habitual sobre quien sea o haya sido su cónyuge o pareja, aun sin convivencia, o sobre ascendientes, hermanos, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que convivan con el sujeto o que estén sujetos a potestad, tutela, curatela o acogimiento de él o de su cónyuge. Pueden estar penadas igualmente las injurias o vejaciones injustas de carácter leve a las personas descritas.

El bien jurídico protegido por este delito es la preservación de la paz familiar como una comunidad de amor y libertad presidida por el respeto mutuo y la igualdad, protegiendo a los miembros más débiles frente a las agresiones de los miembros más fuertes de la familia.

A través de este delito se penalizan aquellos comportamientos que muestran una actitud tendente a convertir el ámbito doméstico en un microcosmos dominado por el miedo, ya que, nada define mejor el maltrato familiar que la situación de dominio y de poder de una persona sobre su pareja y los menores convivientes.

Los delitos de violencia de género pueden manifestarse de distintas maneras:

• Violencia psicológica
• Violencia contra los adultos mayores
• Violencia contra la mujer en la pareja
• Violencia contra el hombre en la pareja
• Violencia contra los niños
• Violencia filio-parental
• Violencia contra el adolescente

Como abogados penalistas expertos en procedimientos por violencia doméstica, desde Ospina Abogados garantizamos la mejor línea de defensa para proteger los intereses de nuestros clientes, buscando siempre adaptarnos a las necesidades concretas de cada uno y a las distintas circunstancias de cada caso.

Existen algunas conductas que pueden dañar la dignidad de una persona y que están recogidas en el Código Penal: injurias y calumnias, que incluyen también supuestos de difamación.

Así, según el artículo 205, es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Por ejemplo: si Pedro acusa a su vecino de ser un ladrón, pero tal acusación no es cierta, estaríamos ante una calumnia.

Por otra parte, el artículo 208 expresa que es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Aquí se debe añadir que solamente son perseguibles las expresiones que se consideren graves, según el uso público.

Quienes necesiten ayuda con un delito de estas características pueden ponerse en contacto con nosotros para que les ayudemos a resolverlo. Dados nuestros años de experiencia, podremos ayudarle eficazmente desde el primer momento y efectuar la oportuna defensa legal ante los Tribunales penales.

Si bien los cuerpos de Seguridad tienen poder para detener a una persona, a veces estas detenciones pueden realizarse sin llevar a cabo el procedimiento previsto. Es por ello que los detenidos tienen una serie de derechos, tales como los siguientes:

• Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez.
• Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
• Derecho a designar abogado.
• Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.
• Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento.

Todos los particulares condenados por sentencia firme que hayan extinguido su responsabilidad penal, tienen el derecho de obtener del Ministerio de Justicia la cancelación de sus antecedentes, que consten en el Registro Central de Penados, en los plazos que marca la Ley.

Además de los supuestos anteriores, hay muchas otras materias en las que podemos prestarle asistencia y defensa legal ante los Tribunales. Si necesita que le ayudemos con alguna cuestión relacionada con el Derecho Penalista, solo tiene que comentarla con nuestro Despacho. Somos uno de los Despachos de abogados penalistas en Zaragoza líderes en nuestro sector, con una alta tasa de casos resueltos favorablemente y gran satisfacción entre los clientes que han acudido a nosotros.

Si desea más información llámenos al 976 21 28 11 al 607 26 36 56 o envíenos su consulta a través de nuestro formulario de contacto.